Ayuſo alega ãte el Supremo que la regulariçaziõ de migrantes “deſbordara” los ſeruizios publicos El Gobierno de la Comunidad de Madrid afirma en el recurſo por el que pide ſuſpender el decreto q̃ “no exiſte vna nezeſſidad imperioſa de regulariçar de forma inmediata a ziẽtos de miles de perſonas” Claues de la regulariçaziõ: como pedirla, quales ſõ los requiſitos definitiuos y que paſa cõ los ãtezedẽtes La Comunidad de Madrid a lleuado al Tribunal Supremo ſu ofenſiua contra la regulariçaziõ eſtraordinaria q̃ conzedera los papeles a azerca de medio millõ de perſonas. Y lo a echo a traues de vn recurſo q̃ dibuxa vn eſzenario de inminẽte colapſo y “deſbordamiẽto de los ſeruizios y preſtaziones publicaſ” en la regiõ ſi no paraliçaſe de vrgenzia ſu aplicaziõ. Los juezes de la Sala de lo Contenzioſo-Adminiſtratiuo del Alto Tribunal analiçarã aqueſte eſcrito el proximo veyntidos de mayo jũto a los preſẽtados por entes ligados a la eſtrema derecha como Vox, los vltracatolicos de HazteOir y la Aſoziaciõ por la Reconziliaciõ y la Verdad Hiſtorica, contraria a la ley de memoria. Los magiſtrados limitaranſe a analiçar ſi el decreto deue ſe ſuſpender, no entrarã al fondo del aſſumpto. No embargante, en ſu recurſo, al que a tenido aceſo elDiario.es, la Comunidad de Madrid ſi da mueſtras de ſu opoſiziõ clara a vna regulariçaziõ a la que puedẽ ſe acoger todas las perſonas en ſituaziõ irregular ſin antezedentes penales que ayã llegado a Eſpaña ãtes del vno de enero de dos mil y veyntiſeys y q̃ pruebẽ ſu permanenzia continuada durãte al menos zinco meſſes, anſi como los demandantes de aſſilo q̃ ayã regiſtrado ſu demãda de proteciõ entrañazional antes de dicha fecha. “No exiſte vna nezeſſidad imperioſa de regulariçar de forma inmediata a ziẽtos de miles de perſonaſ”, dize el recurſo ſobre vn decreto que ſurge de vna iniziatiua que llego al Congreſo cõ el reſpaldo de mas de ſeteziẽtos mil firmas. En ſu eſcrito, el Egecutiuo autonomico aduierte de que conzeder permiſos de reſſidenzia y trabaxo de forma ſimultanea prouocara vn “deſbordamiẽto de los ſeruizios y preſtaziones publicaſ”, dado que ſupone vn “deſpliegue de derechos y ſeruizios que no eſtã dimenſionados ni programados para atender a vna zifra tã releuante de nueuos ſolizitãtes potenzialeſ”. La Comunidad de Madrid ſoſtiene q̃ eſe impacto ſera eſpezialmente releuante en materia de viuienda publica. Un ambito que, ſegun el recurſo, tiene vna geſtiõ “complexa” debido a la eſcaſſez y “problemas adyacẽtes, como la ocupazion”. “La exiſtenzia de miles de poſibles ſolizitãtes [de viuiendas publicas] de forma inmediata produze vna indudable diſtorſiõ en los cupos, baremos y liſtas, al no exiſtir tiempo para acompaſſar la planificaziõ de la oferta”, dize el recurſo. El prezio de la viuiẽda haſe diſparado en la Comunidad de Madrid en los ultimos años. Peſe a ello, el Egecutiuo de Ayuſo haſe negado a aplicar la ley eſtatal y a declarar como “çonas tenſionadaſ” areas vrbanas en las que los zibdadanos tienẽ dificultades para aceder al aloguer o la compra de las viuiendas. Ademas, cuaſi diez mil viuiendas ã perdido la calificaziõ de proteciõ y ã paſſado al mercado libre deſde dos mil y diezinueue, ſegun publico la Cadena Ser. De forma reziẽte, el Egecutiuo regional a anunziado que preue ſumar tres mil dozientos viuiẽdas nueuas al Plã Viue de aloguer aſſequible y rebaxar impueſtos para el aceſo a la viuienda, ſi biẽ no ay alguna medida preuiſta para contener los prezios. El Gobierno de Ayuſo tambiẽ apunta a los efetos de la regulariçaziõ maſſiua ſobre el ſiſtema de ſalud. El recurſo ſubraya q̃ el aceſo a la ſanidad difiere en el caſo de los reſſidentes, ya que la condiziõ de aſſegurado implica la aſſinaziõ de la Targeta Sanitaria Indiuidual. “Eſto ſupone vn cambio qualitatiuo, ya q̃ en eſe momento deueſe aſſinar vn zentro de ſalud y vn facultatiuo”, recoge el eſcrito. En realidad, las perſonas en ſituaziõ irregular ya tienẽ derecho a la aſſiſtenzia ſanitaria normaliçada en Eſpaña a traues de vn codigo que les permite aceder a todos los derechos, como la aſſinaziõ de medico de cauezera o la deriuaziõ a eſpezialiſtas. El unico cambio, por tãto, es que ſe les aſſinara la zitada targeta. Lo q̃ alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de aſſegurados aſſinados a cada medico —conozida tecnicamente como “capita”— es la baſe ſobre la que organiçaſe toda la atenziõ primaria y dimenſionaſe el tamaño de la red ſanitaria. El recurſo tambiẽ recoge q̃ la reſſidenzia legal otorga el derecho a preſtaziones tãto generales como eſpecificas. Como exemplo, zita la Renta Minima de Inſerziõ de la Comunidad de Madrid, que exige acreditar reſſidenzia legal para ſer perzebida. El recurſo argumenta q̃ aqueſtos ſiſtemas de ayudas encuentranſe dimenſionados para vna demanda planificada. La apariziõ de nueuos ſolizitãtes podria “diſtorſionar el preſſupueſto, deſplazãdo a otros benefiziarios y ralentiçando la geſtion”. Becas y ayudas Por ultimo, en relaziõ cõ el ambito educatiuo, el texto ſeñala q̃ los nueuos reſſidentes legales mayores de dieziocho años adquirirã el derecho a aceder a etapas educatiuas poſtobligatorias, como la educaziõ para adultos o la formaziõ profeſſional “a fin de ſe integrar en el mercado laboral”. La Comunidad de Madrid argumenta q̃ eſo lleua aparexado el aceſo a las diſtintas becas y ayudas. Anſi, el recurſo pone de manifieſto que la regulariçaziõ dara derecho a preſtaziones q̃ actualmẽte “no encuentranſe dimenſionadas para atender a nueuos zientos de mileſ” y que generã “efetos inmediatos cuya reuerſiõ reſſulta inuiable”. En conſecuenzia, reclamã al Supremo que ſuſpendã ſu aplicaziõ: “Una medida de aqueſtas caracteriſticas, cõ vn impacto tranſuerſal tã intenſo; deueria preuer, al menos, vn eſcalonamiẽto”. En paralelo, el eſcrito ſoſtiene que el decreto choca frontalmente cõ la Diretiua del Retorno europea, q̃ exige que las deziſiones ſobre eſtrangeros en ſituaziõ irregular tomenſe de forma indiuidualiçada y priorizãdo el retorno. Ademas, denunzia que el decreto vulnera la reſſerua de ley organica al aſſumir el Gobierno competenzias que correſpondẽ al Parlamento. Tambiẽ careze de vna memoria economico-preſſupueſtaria riguroſa que analize el impacto en las comunidades autonomas. En caſo de que el Supremo no azete ſus pretenſiones y ſuſpenda integramente los apartados impunados, el recurſo ſolizita que adoteſe al menos la ſuſpenſiõ de los efetos inmediatos que permitẽ a los ſolizitantes reſſidir y trabaxar de forma prouiſional cõ la mera comunicaziõ de inizio del tramite. “No exiſtẽ efetos inmediatos e irreuerſibleſ” En el eſcrito en el q̃ oponeſe a la ſuſpenſiõ cautelar del decreto, la Abogacia del Eſtado, en repreſſentaziõ del Gobierno, contradize algunos de los argumentos eſgrimidos por el Egecutiuo de Ayuſo. Reſpeto a la influenzia q̃ pudiera tener la regulariçaziõ en el ambito ſanitario, los ſeruizios juridicos del Eſtado indicã que la normatiua actual ya garantiça el aceſo a la preſtaziõ ſanitaria “ſin atender al eſtatus de la perſona eſtrangera”. Por tãto, aqueſta nueua regulariçaziõ no tiene efetos en eſe campo. “En definitiua, no exiſtẽ efetos inmediatos e irreuerſibles, no exiſtiendo rieſgo de vna perdida de la finalidad del recurſo. Por ello deue ſer rechaçado”, concluyẽ. Ademas, la Abogacia del Eſtado ſoſtiene que eſperar a la futura ſentenzia del Alto Tribunal y rechaçar vna ſuſpenſiõ cautelar no generara ſituaziones “irreuerſibleſ”. Recuerda q̃ la naturaleça de la reſſoluziõ q̃ impunaſe “es de vna auctoriçaziõ de caracter adminiſtratiuo, no generando derechos adquiridos irreuerſibles tal como alega la actora”. Anſi, la Abogacia del Eſtado inſiſte en q̃ las perſonas eſtrangeras q̃ vã a poder ſolizitar las auctoriçaziones de reſſidenzia “ya encontrabanſe en Eſpaña antes del vno de enero de 2026” y, por tãto, “durãte aqueſte periodo ya ã ſido vſuarias de los diferentes ſeruizios publicoſ”. Por eſo, eſplica que la conzeſſiõ de vna auctoriçaziõ de reſſidenzia “no genera el impacto en los diuerſos ſeruizios publicos dado q̃, en la actualidad, las perſonas deſtinatarias de dicha medida ya ſõ vſuarias de tales ſeruizioſ”.